El espectáculo gana rápidamente a su público, divertido y deslumbrado. Pero, los verdaderos resultados, como en esos medicamentos de efectos demorados que se liberan progresivamente en el paciente, se obtienen recién cuando han transcurrido muchas horas. Es entonces cuando aflora del subconsciente la delicada y sugestiva ironía que se ha ido depositando en el espectador y la sugestión cede paso a la reflexión: el mimo, en fin, no ha hecho más que pintar, con genuina pericia, el eterno problema de la incomprensión a través de las palabras, demostrando – por oposición – que ellas nada significan sin el andamiaje de la autenticidad del pensamiento que las procrea o del sentimiento que las genera.
Traigo a cuenta esta observación, porque aflige pensar desde dónde hay que partir en el camino de recuperación que requiere el país, para esterilizar el veneno inoculado -desde hace medio siglo– en la mente de los argentinos, reparar el destrozo de su cultura y reconstruir las instituciones auténticas y eficientes, recobrando para ellas su cabal significado, su sentido histórico, única forma en que se justifica luchar por ellas.
Están frescos en la memoria los innumerables atropellos que esas instituciones han sufrido por parte de quienes tenían la responsabilidad de protegerlas y que, a su vez, las utilizaron para  fines  abyectos y deleznables. Pero como la memoria de los argentinos ha probado ser particularmente débil, ni un minuto hay que aguardar para dar comienzo a la acción de desagravio que aquellas merecen, restaurando el valor de las palabras, saneándolas del contenido espurio con que han sido impregnadas, recuperando el alcance de que fueran despojadas por los impostores y devolviéndolas al pedestal cuyos cimientos deben encontrarse en la ley y en la historia de la ley. Porque es esa historia de la ley la que le brinda el sustento de los principios sobre los cuales reposa y asegura, así, que sus súbditos la comprendan y la respeten como norma de convivencia indispensable.
Democracia es la palabra que está escrita en todas partes menos en la Constitución Nacional del 53. Se la disputan los partidos políticos que anhelan ser democráticos o que se les dé este nombre. Atendiendo a su etimología se la define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Pero en nuestra Carta Magna, “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” y la doctrina democrática se realiza a través de la forma de gobierno representativo republicano, con exclusión de todo gobierno directo por un supuesto pueblo que, objetivamente, sólo podría ser una fracción de él. “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” ( Artículo 22 de la Constitución Argentina ). Desde sus comienzos, el régimen agotado en Marzo del 76 se autoproclamó “ el gobierno del pueblo ” y, como contrapartida, inició una sistemática campaña de furibundos denuestos contra inexistentes élites, presuntos grupúsculos de individuos que encerrados en sí mismos despreciarían todo aquello que mereciera el calificativo de popular. Esta dualidad, concebida groseramente, inundó las aulas, las columnas de la prensa, los mensajes del Poder Ejecutivo, los considerandos de los decretos, los escaños del Legislativo, los discursos de los dirigentes políticos (disfrazados o no de sindicalistas) y hasta las sentencias de los jueces. Pueblo contra élites, constituyó, pues, un recurso utilizado hasta el hartazgo para acuciar el eterno enfrentamiento entre los hombres –desiguales por naturaleza– con la mayor temeridad y ostentando sin el menor pudor las fortunas amasadas mediante la extorsión, la estafa, el peculado y todas las variedades de conductas delictuosas. La proeza de los hombres que después de las luchas fratricidas condujeron a la era constitucional se agiganta con el tiempo. Caseros, el 3 de febrero de 1852 y Cepeda el 23 de octubre de 1859, fueron los hechos de armas que culminaran, respectivamente, con la Constitución de 1853 y, una vez reincorporado el Estado de Buenos Aires, con la revisión y jura de la Constitución de la Nación Argentina en 1860. Dijo, entonces, Mitre: “ Esta es la Constitución definitiva, verdadero símbolo de unión perpetua de los hijos de la gran familia argentina, dispersados por la tempestad y que al fin vuelven a encontrarse en este lugar, en días más serenos, para abrazarse como hermanos bajo el amparo de una ley común. Esta Constitución satisface nuestras legítimas esperanzas hacia la libertad y el bien: ella es la expresión de nuestra soberana voluntad, porque es la obra de vuestros representantes libremente elegidos; es el resultado de vuestros altos pensadores, verbo encerrado en vosotros, de vuestros profetas y de vuestros mártires políticos”. ¿Esta Constitución nuestra, acaso ha fracasado?. ¿Han fracasado las “Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina”, de Juan Bautista Alberdi? Esas bases y puntos de partida fueron apenas trasunto de programa, articulados en una ley con raíz en el propio recuerdo y dolor de quienes al escribirla con unción religiosa y en modestísima y honrada pobreza, se detuvieron en el cimiento de la nacionalidad. La previsión de los constituyentes de 1853 y de 1860 no pretendía ir más allá. Habría sido aventurado si hubiesen escrito en el programa cuál sería el poder electoral o quién lo crearía y de qué fuentes surgirían los funcionarios del Estado. Los ensayos sucesivos de leyes electorales, no prueban por sí solos que los últimos fueran los mejores. Por el contrario, nunca en un lapso menor se vio tan profundamente burlada y escarnecida la Constitución como Programa, que desde la implantación del voto secreto y obligatorio y nunca esta comunidad tuvo en tan escaso término la prueba palpable de una mayor burla a su presunta voluntad que en años infames en los que un número tan crecido de funcionarios y dirigentes participaron en tan monumental contienda de groseros apetitos, canallesca inescrupulosidad y complicidad delincuente con asesinos a sueldo de otras banderas o con terroristas vernáculos. La crisis política del 90 engendró una convicción general hacia la absoluta necesidad de que los ciudadanos tomaran mayor participación en los actos electorales. Se acusaba a la oligarquía como causante de la situación a que puso término el movimiento que derrocó a Juárez Celman. El Vicepresidente, doctor Carlos Pellegrini, dedicó el resto del período a restablecer el orden financiero y económico de la Nación. Después de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu en 1890, ocupó la Presidencia, por segunda vez, el General Roca bajo cuyo gobierno se promovió la reforma electoral redactada por su Ministro del Interior, Joaquín V. González. Fue la ley 4161 de 1903, reformada en 1905 y sustituida finalmente por la que lleva el nombre de su inspirador, el Presidente Roque Sáenz Peña. Ocurrió lo que muchos habían previsto; se supuso que la ley era la perfección de la forma democrática del sufragio político y que con ella habrían quedado para siempre eliminados el fraude, la violencia, la fuerza del oficialismo, el caudillismo, el personalismo y demás vicios de los regímenes electorales precedentes. Las frustraciones posteriores se encargaron de demostrar que el problema es mucho más profundo y dramático. Porque asegurar la expresión del voto para cada ciudadano en manera alguna ha significado alcanzar una forma representativa genuina de la cultura nacional y si el sufragio no es depurado de los gravísimos defectos que le anteceden en la formación misma de la voluntad, de la que es expresión, no podrá esperarse que de fuente impura surjan y sigan corriendo aguas cristalinas. En 1930, 1943, 1955, 1966, 1976 y 2001 fue necesario cancelar el gobierno surgido de las urnas para corregir el rumbo. Solo que las situaciones que dieran origen a los sucesivos pronunciamientos han sido cada vez más graves y más se ha acercado el país a su postración, hasta estar al borde de su disolución como Nación integrante de Occidente. ¿Podemos hablar del éxito del sistema?. La Constitución se divide en dos partes, la primera comprende las Declaraciones, Derechos y Garantías. En ellos están contenidas las bases y los principios para construir sobre ellos el Programa de la Comunidad, atendiendo fundamentalmente a preservar al individuo y a su igualdad frente a la ley, al derecho de propiedad (pivote sobre el que gira todo nuestro sistema de vida) y a consagrar rotundamente el axioma de la libertad conforme al cual nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe. La segunda parte organiza la elección y funcionamiento de los tres poderes, autoridades de la Nación y los Gobiernos de las Provincias. Sus mecanismos podrán ser reformados o sustituidos por otros sin que aquellos derechos fundamentales, expresados y garantizados en la primera parte, deban sufrir menoscabo alguno. En ésta residen los valores al calor de cuya exaltación la Nación vivió su época de auge y orgullo y es en torno a su doctrina que encontraremos las vallas de contención contra las ideologías bastardas y el terrorismo nihilista. La forma representativa de gobierno, debe estar al servicio de la república federal y no ésta al servicio de aquélla. La representatividad de quien ejerce el poder, se presenta por desgracia en los últimos cuarenta años como una constante en alternativa, según la cual se deposita por el mecanismo del sufragio en manos de quienes carecen de cualidades para asumir la responsabilidad con la estatura necesaria del estadista o de quienes sólo ostentan las propias del demagogo; y cuando la inmoralidad de unos y otros torna el aire irrespirable, se les quita de las manos, por obra de la fuerza, mucho más moral que física. De este círculo vicioso no saldremos jamás, mientras no se entienda que, cualquiera sea el tiempo y el esfuerzo que ello demande, es imprescindible, ante todo, devolver el orden y la seguridad a la nación amedrentada, la moral a la función pública y la responsabilidad a la actividad privada, fijando derroteros y objetivos que esta generación esté en condiciones de alcanzar, sin postulaciones dramáticas ni ampulosas apelaciones a un futuro que por demasiado ambicioso resulte demasiado lejano. El proceso requiere una mística que enfrente a cada argentino con su propio destino como engranaje indispensable del destino de la Nación toda; que lo ubique en el presente como tributario del pasado y protagonista del futuro, con clara conciencia de que en la medida en que retacee su personal compromiso con la comunidad que integra, otros se encargarán de desplazarlo para convertirlo en siervo de un sistema en que su existencia estará representada por una cuota de horas-hombre y un cupón de consumo para subsistir. De este otro lado están los que proclaman que para evitar los excesos del poder nada mejor que debilitar al Estado. En su ingenuidad, empiezan por confundir las nociones de Estado y gobierno y remediar los males de este último mutilando las funciones de aquél. Por el contrario, en un mundo, mitad entregado de pies y manos al populismo y la otra mitad, en parte decadente y en parte resignado a caer en manos de aquella, resulta de una irritante candidez pensar que el Estado deba limitarse a controlar el tránsito y apagar los incendios. El estatismo, o sea esa desfiguración del concepto de estado provocada por su intromisión, formalmente legal, en áreas ajenas a su competencia, se propaga en nuestro país cuando se abandona el proyecto contenido en nuestra Constitución; cuando legisladores elegidos por el dedo del caudillo, sin más dotes que su servilismo y obsecuencia hacia su protector, olvidan e ignoran la responsabilidad que asumen junto con el cargo. A su turno, fortalecer al Estado, no es atribuirle funciones propias de la actividad privada. Esa, por el contrario, es la mejor y más sutil manera de debilitarlo pues, indefectiblemente, coloca a muchas de sus áreas al servicio de logreros, arribistas y venales o, en el mejor de los casos, de funcionarios ineficientes o despojados del estímulo que significa conocer de antemano el resultado de sus esfuerzos. Fortalecer al Estado es imprimirle una actividad dinámica, favorable al logro de sus objetivos de bien común, en manos de quienes genuinamente poseen vocación para la cosa pública, y ejerciendo la autoridad con decoro en la forma y claridad en los fines. Una vez reimplantado el orden y reivindicada la seguridad, los ciudadanos sin tacha alguna, convocados para colaborar en la tarea de gobierno, deberán desarrollarla sin ataduras a las inquietudes electoralistas que, por supuesto, no están ni estarán ausentes en el porvenir cercano. Y el consenso, sin el cual efectivamente se tornaría difícil lograr el concurso de los mejores, vendrá por añadidura cuando la ciudadanía aprecie los resultados de una administración inteligente, eficaz, armónica y honrada, durante todo el tiempo que sea necesario para que la generación hoy descreída o inmadura, tenga fe o la recobre. Entonces, democracia, pueblo, estado, serán términos comprensibles para todos con el mismo significado: un estilo de vida, la comunidad de los argentinos, la estructura de poder necesaria para que se desarrolle. No obstante haber superado el siglo, la Constitución y la doctrina elaborada en torno a ella permanecen desconocidas para más argentinos de lo que comúnmente se cree y aún será fecunda su enseñanza si se la muestra como un programa vital para la comunidad, puesto que ese es su verdadero y más alto valor. Como en el caso de nuestro mimo, no serán las palabras como sonidos las herramientas a utilizar, sino el gesto y el acento que las acompañe, porque ellos les suministrarán el sentido hondo y preciso que adquieren los vocablos cuando traducen la fuerza infinita de su mandamiento. //